El  caso de Florencia Romano, una adolecente de 14 años que fue victima de un femicidio en el 2020, este jueves comenzó a cerrarse el último capítulo judicial. El estremecedor hecho tuvo lugar en el departamento de Maipú.

Esta mañana,la Jueza Civil de primera instancia ordenó que el Gobierno de la provincia indemnice con $12 millones de pesos a la familia de la menor, considerando que tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el hecho de sangre.

La titular del Tribunal de Gestión Asociada 3, Marina Lilen Sánchez, se inclinó por los argumentos que declararon los padres y el hermano de Florencia, en el reclamo civil. Al mismo tiempo rechazó la respuesta del Ejecutivo, que generó polémica ya que responsabilizó a los progenitores por el femicidio de su hija.

Dado el caso, la familia Roano, pedia $300 millones, pero la magistrada Sanchez, se distanció considerablemente del pedido de los demandantes. 

Analisis de la Jueza Civil.

La magistrada hizo un pormenorizado análisis de la actuación del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), más allá de que en sede penal ya fue condenada la operadora que desatendió la llamada al 911 que hizo un vecino en el momento en que Florencia Romano era atacada por Pablo Arancibia, el femicida: "Es dable inferir que, previsiblemente, se podía evitar la muerte de arribar personal policial al lugar en tanto la denuncia de la posible comisión del delito resultó tempestiva". Señalo Sánchez. 

La conjueza fue contundente al maifestar que el asesinato se podría haber evitado "con fuerte probabilidad" ya que "existían recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física", en referencia a que el hecho ocurrió a cuatro cuadras de distancias de una comisaría y con tres móviles policiales ubicados a escasos metros del domicilio del lugar del hecho.

En otro pasaje de la sentencia civil consideró que la reponsabilidad del Estado fue del 70%, en tanto que el procentaje restante corresponde al autor material del femicidio en Maipú.

El Gobierno responsabilizo a los padres del hecho. 
Semanas atrás se conoció la contestación que realizó el representante legal del Gobierno provincial a la demanda, donde negó tener responsabilidad en el hecho y apuntó a los padres de Florencia Romano en un 50% de la muerte de su propia hija argumentando que no cumplieron en forma correcta las tareas de vigilancia y cuidado.

Esta situación generó malestar en el entorno de la víctima fatal y motivó una movilización en la explanada de Casa de Gobierno liderada por José Romano y Cristina Mopardo, junto a sus abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, y también organizaciones feministas.

El rechazo de la Jueza Civil al Gobierno.

La magistrada Sánchez, rechazó de plano el argumento que presentaron desde el Gobierno ya que "no existen elementos probatorios que permitan atribuir responsabilidad a los padres de Florencia". Agregó que no es "razonable imputar el desenlace final a sus padres, quienes recurren a la Justicia en busca de consuelo y reparación".

Indemnización

Los familiares de Florencia Romano habían exigido una indemnización de $300 millones de pesos por daño moral, daño psíquico, pérdida de chance, valor vida y daño al proyecto de vida. Sin embargo, la sentencia civil se alejó bastante de este monto y al mismo tiempo duplicó una oferta de casi $6 millones que había realizado el Gobierno provincial cuando se trabó la demanda para evitar ir a juicio.

LaJueza explicó con argumentos y fórmulas matemáticas la forma en que arribó a determinar que el resarcimiento debe ser de $12 millones. Por un lado se basó en las pericias psicológicas que determinar una incapacidad del 30% en la madre de la adolescente, del 22% en el caso del padre y del 18% en el caso del hermano.

También tuvo en cuenta que "el mayor daño indemnizable es la muerte de un hijo" y que "resulta razonable para que los accionantes adquieran bienes o lleven a cabo actividades que hagan de consuelo para mitigar su dolor".

Sobre la pérdida de chance, que es un rubro que analiza si la persona fallecida podría haber ayudado económicamente a los demandantes, consideró que "Florencia era una adolescente a la que se le truncó la posibilidad concreta de estudiar, conseguir un trabajo, formar una familia y llevar a cabo cualquier actividad destinada a lograr su realización personal".

Fuente: Diario Uno - Sebastian Salas.