No se presentó a declarar el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, pese a que lo habían citado. Tampoco se profundizó en la investigación sobre las supuestas negociaciones previas al acuerdo firmado entre Bonarrico y el Ejecutivo. El Ministerio Público fundó su decisión en tres pilares: el dinero nunca se pagó, el convenio no tenía irregularidades y Bonarrico desmintió sus propios dichos. Lo que nunca se sabrá -o no se quiso saber- es el detrás de escena para conocer si hubo negociaciones incompatibles detrás de la firma del mismo. 

En concreto, se abrieron dos causas paralelas luego de que Bonarrico afirmara en MDZ Radio que los 18 millones de pesos que iba a recibir la Fundación Acción Social eran parte del acuerdo electoral para que Masfe se sumara a Cambia Mendoza. La primera tenía que ver con una denuncia del PJ, con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, contra el gobierno provincial por "averiguación de delito". La segunda era la denuncia del propio Gobierno contra Bonarrico por el posible desvío del objeto del convenio. En simultáneo, el gobernador Rodolfo Suarez optó por firmar un nuevo decreto derogando el convenio.

La causa que cayó en manos de la fiscal Susana Muscianisi era la más fácil de resolver. La denuncia del gobierno contra Bonarrico era imposible de comprobar porque el dinero nunca llegó a la fundación. Es decir, no se puede comprobar un incumplimiento del convenio porque el mismo nunca se ejecutó. Además, en declaración testimonial el exsenador Bonarrico dijo que en los medios lo habían sacado de contexto y negó cualquier tipo de acuerdo electoral o rédito político detrás del subsidio. 

"En atención a la circunstancia fáctica denunciada, habiendo analizado palabra por palabra de los dichos del representante de la Fundación Acción Social por los medios de difusión, no surge de forma alguna que éste reconozca o haya podido tener la intención de dar, a los fondos que fueron destinados a tal efecto, un destino diverso; maxime si se considera que mediante el decreto 846 del 26 de mayo se dejó sin efecto el pago convenido por la Fundación, sin que ésta haya recibido monto dinerario alguno al que darle algún destino, ni comienzo de ejecución del convenio en cuestión", se puede leer en la resolución de Muscianisi.

Sin embargo, la otra causa revestía mayor complejidad porque involucraba la posible comisión de varios delitos. Punto por punto, los fiscales Hernán Ríos y Flavio D'Amore intentaron descartar cada tipificación pero con la misma liviandad a la hora de profundizar en la génesis del convenio. Se ocuparon más en demostrar que no había irregularidades en el convenio y el uso que se le iba a dar al dinero en lugar de investigar si se trataba de una contraprestación por el apoyo de Bonarrico a Cambia Mendoza.

La sorpresiva carta documento que Bonarrico envió a la UCR
En sus fundamentos esgrimen que los documentos del convenio no presentaban inconveniente alguno, que el dinero nunca se pagó porque el gobernador derogó el decreto y, por último, que Bonarrico aclaró sus dichos iniciales negando supuestas negociaciones electorales.

Los fiscales descartaron los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales, concusión y negociaciones incompatibles siempre explicando qué elementos faltaron para proceder con una imputación. La duda es si esos elementos realmente se buscaron. En otras palabras, da la sensación de que los esfuerzos se volcaron a explicar por qué no hubo delitos en lugar de buscar pruebas que pudiesen confirmar las irregularidades.

El hecho de que cierren las causas sin una testimonial del ministro de Gobierno Victor Ibañez, que fue quien suscribió el convenio, así lo demuestra. Tampoco se investigaron comunicaciones previas a la firma del acuerdo por el cual se terminarían destinando 18 millones de pesos a una fundación cuyo presidente era un senador provincial que meses antes se había sumado al oficialismo. La posibilidad de que el pago del subsidio fuese una contraparte por la alianza electoral se descartó en base -casi exclusivamente- a la declaración testimonial de Bonarrico en la que desmintió lo que él mismo había dicho en los medios.

El exlegislador había afirmado que en el marco del acuerdo electoral le hicieron hacerse cargo de una dirección de "interculto" en el gobierno provincial pero que él prefirió no engrosar el gasto público con la creación de una nueva dependencia y en lugar de ello se acordó firmar un convenio para recibir fondos y realizar gestiones desde la fundación de la cual era presidente. Al declarar ante el Ministerio Público aclaró que en realidad quiso decir que la Fundación Acción Social, con la firma del convenio, "ayudaría a cubrir una tarea que el Estado no alcanza a ocuparse y que de ese modo ayudaría a entidades intermedias y ON, evitando la creación de cargos y estructuras del Ejecutivo provincial". 

Para la Justicia se trata de un convenio que tenía un objeto específico el cual no se incumplió porque nunca llegó a implementarse. Y por ello "debe procederse a su archivo sin más trámite".

Fuente: MDZ