El imputado es el abogado Diego Gabriel Menci, quien fue imputado por estafa procesal y notificado convenientemente el pasado miércoles 26 de octubre en la causa P-37671/22/07, que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción Nº 2, a cargo del fiscal Gustavo Jadur, de la secretaría vespertina a cargo del secretario Paulo Gil García.

Al mismo tiempo el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de esta misma circunscripción está analizando el caso, debido a que también fue denunciado allí.

La Fiscalía imputó a Menci por estafa procesal en el expediente P - 36.671/22 y también por el mismo delito lo hizo en el expediente P- 112.209/22.

El fiscal Jadur entendió que el imputado violó los artículos 1442 y 954 del Código Civil, que aún estaba vigente al momento de la celebración de los acuerdos.

El artículo 1442 establece que “no se puede hacer cesión a los abogados o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza deducidas en los procesos en que ejercieren o hubiesen ejercido sus oficios”. Esto apunta a “preservar la rectitud en el desempeño de las actividades vinculadas con el manejo de los intereses ajenos, evitando la tentación del aprovechamiento ilegítimo que la confianza y los conocimientos sobre determinados asuntos confieren a quienes representan o patrocinan intereses de otros”.

En tanto el artículo 954 determina que “podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación” y acota que “también podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación”.

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El denunciante y víctima es Eduardo Oscar Fredes. El 27 de octubre, un día después de la imputación a Menci, Eduardo cumplió 64 años. Sus vecinos de la primera cuadra de la calle Pedro Molina, sabiendo su precaria situación económica y sus padeceres, hicieron una “vaquita” y le armaron un festejo, modesto pero muy afectuoso.

Eduardo es tornero de oficio y tiene un cierto grado de discapacidad. En su denuncia indicó que Menci, su primo hermano, que administraba sus bienes, pretendió desalojarlo de su casa y que jamás le dio el dinero del alquiler de una casa, que también le pertenece.

La víctima.

Eduardo Oscar heredó el oficio de su padre, Eduardo Angelino Fredes.

El taller de tornería lo montaron a mediados de los 70 en Pedro Molina 37, pleno centro de la ciudad, en un sector donde abundan las casas de repuestos y los talleres mecánicos. Allí mismo está la casa familiar.
También lograron comprar una casa en el barrio San Isidro, que después alquilaron.
Los parientes y viejos conocidos de Eduardo, a quien llaman “Eduardito”, cuentan que siempre fue “un muchacho retraído, callado, apocado”.

Ha tenido una vida difícil. Tuvo un accidente mientras hacía el servicio militar que le dejó secuelas, se casó y tuvo hijos pero su matrimonio fracasó y derivó en divorcio, tuvo un accidente de tránsito grave y después sufrió el fallecimiento de sus padres que, a la postre, generaría el conflicto actual con su primo hermano.
Después se casó y también después se divorció.

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Eduardo Oscar fue hijo único de Eduardo Angelino Fredes y Esther Martínez. Primero falleció su padre, en 2011, y en 2018 falleció su madre. Eduardito es heredero único.

Cuando falleció el padre de Eduardito la relación de él y de su madre con Diego Menci era buena, “no sólo como pariente, sino también como profesional” y “él velaba por nuestros intereses y nos decía quedáramos tranquilos”, contó.

El primo abogado les aconsejó que “antes de iniciar el proceso sucesorio de mi padre, debía ceder a mi madre los derechos que yo tenía sobre los bienes dejados, para evitar que mi exesposa, de la cual me encuentro divorciado desde el año 2004, pudiera reclamarme algo”.

Dice Fredes que “no dudé en hacer lo que me dijo y procedí tal como me había indicado. Concurrí al estudio de una escribana que el mismo escogió, donde firmé una serie de libros y papeles en los que se mencionaba que cedía a título de venta a Ester Lidia Martínez, mi madre, y todos los derechos que me correspondían como heredero de Eduardo Angelino Fredes”.

El tornero cuenta que, después, la relación entre ellos y el primo empezó a deteriorarse. Aún así, cuenta que logró que su madre “firmara una serie de papeles, de cuyo contenido no le dio mayores explicaciones”.

Después madre e hijo nombraron otro abogado, pero su paso fue efímero y de acciones casi nulas en el expediente.

Es más, le requirió de muy mala forma la entregara de la documentación de los bienes de ellos, reclamándole anticipadamente el pago de honorarios bajo amenazas de que les ejecutaría todo.

El caso es que, cuando en 2018 fallece la madre de Eduardo Fredes, su primo abogado quedó como “cesionario de todos y cada uno de los derechos que tanto mi madre como yo teníamos sobre los bienes”.

Entre esos bienes están los dos inmuebles ubicados sobre calle Pedro Molina al 31/37, la casa y el galpón respectivamente, y la vivienda del Barrio San Isidro, de calle Capdevilla y San Andrés, de la ciudad de San Martín. Esta última propiedad está alquilada hace 8 años y el primo abogado es quien cobra y retiene esos pagos.

Para agregarle mayor complejidad a un caso ya complejo, está un amigo de Eduardo Fredes, “el único que se preocupa por mi realmente”, dice el tornero.

Ese amigo es Armando Moyano. Fredes y Moyano se conocen desde hace muchos años y Eduardo le permite utilizar un sector de su taller para que su amigo repare motos.

Antes de que la relación entre primos se deteriorara completamente, el abogado hizo que Moyano firmara un comodato por la utilización de ese espacio.

Es en base a ese comodato vencido que el abogado inició un proceso de desalojo contra Moyano “y todo otro ocupante del inmueble”. Claro, el “otro ocupante” es Eduardo Fredes.

Fue el 13 de abril pasado, cuando llegó la cédula de notificación de desalojo al taller, el momento en el que se destapó el conflicto.

“Es evidente que mi primo aprovechó su vínculo con la familia y la confianza que teníamos en él, tanto mi madre como yo, para lograr obtener una ventaja patrimonial injustificada y desproporcionada, a tal punto que hoy me deja en situación de calle”, dice Fredes.

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Consultado sobre el caso, el denunciado Diego Gabriel Menci dijo que él ha obrado de acuerdo a derecho, avalado por las resoluciones que ha ido adoptando la Justicia Civil.

Sostiene que, cuando la madre de Eduardo Fredes enviudó, le prestó una fuerte cantidad de dinero, debido a que la muerte del marido la habían sumergido a ella y al propio Eduardo en una severa crisis económica. Sin embargo reconoció que, por ser un préstamo entre familiares, no hay documentación que de cuenta sobre ese préstamo.

Por ese motivo, y teniendo en cuenta el pago de sus honorarios, es que decidió preservar para sí el derecho sobre las propiedades.

Además sostuvo que Eduardo Fredes no está capacitado intelectualmente para manejar sus bienes “pese a que la familia nunca reconoció esto”.

También indicó que pretende poner la propiedad de la calle Pedro Molina a nombre de los hijos de Fredes, con derecho de usufructo para Eduardo y que mantendrá la propiedad del barrio San Isidro para cobrarse la deuda y sus honorarios.