Este miércoles, una multitud de manifestantes se congregó en el centro de la Ciudad de Mendoza para expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno encabezado por Javier Milei. La huelga, organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), logró una significativa adhesión, marcando así el inicio del primer paro nacional contra la administración de Milei.

La movilización, que partió a las 12 desde el km0 de la Ciudad hacia la Legislatura de la Provincia de Mendoza, contó con la participación de diversas agrupaciones que llegaron previamente al lugar. Sin embargo, un extenso operativo policial y el vallado de la Legislatura condujeron a la concentración en la Plaza Independencia, mientras la calle Patricia Mendocinas permanecía inicialmente cortada, liberándose horas después.

Distintos movimientos sociales y gremios afiliados a la CGT, como La Bancaria, Centro Empleados de Comercio, Sadop (docentes privados), Camioneros, así como gremios estatales como SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), se sumaron a la medida de fuerza.

Las repercusiones más notables se sintieron en el aeropuerto El Plumerillo, con la cancelación de más de 20 vuelos, y en la atención bancaria. Cabe destacar que, a pesar de la adhesión de empleados de comercio, la atención en este sector no se vio significativamente afectada, al igual que el resto de los servicios.

Ricardo Letard, secretario general de la CGT en Mendoza, encabezó los discursos durante la manifestación, resaltando un alto acatamiento a la medida de fuerza sin proporcionar cifras concretas. Letard también señaló que algunos trabajadores optaron por permanecer en huelga en sus lugares de trabajo. Por otro lado, Fernando Ligorria, del CEC, expresó que "los empleados de comercio entienden la pérdida de derechos que vamos a tener si este DNU sigue en vigencia" y elogió la convocatoria a la protesta.

En contraste, el titular de ATE, Roberto Macho, afirmó que la adhesión en el sector estatal alcanzó el 60%, contradiciendo los datos del Gobierno que destacan la normal prestación del servicio de transporte público, 0% de acatamiento en la administración central, y la falta de afectación en el sector de salud. La discrepancia en las cifras resalta la polarización en las percepciones sobre el impacto real del paro.