La Inspección General de Justicia revierte la medida de 2020 que buscaba igualar la cantidad de hombres y mujeres en los directorios de las empresas.

La Inspección General de Justicia (IGJ) ha derogado la resolución 34/2020 que establecía la paridad de género en los directorios de las empresas argentinas. Esta medida, implementada durante el gobierno de Alberto Fernández en 2020, obligaba a las sociedades a tener una composición que respetara la diversidad de género en sus órganos de administración y fiscalización.

La decisión de la IGJ se basa en la gran cantidad de recursos judiciales que se presentaron contra la norma, muchos de los cuales resultaron favorables para las empresas demandantes. Según el organismo, la existencia de sentencias firmes que invalidan el reglamento administrativo impide a la Administración defender su vigencia en nuevos casos.

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Argumentos a favor de la derogación:

Sentencias judiciales: La IGJ argumenta que la existencia de sentencias firmes que invalidan la resolución 34/2020 le impide defender su vigencia en nuevos casos.
Dispendio administrativo: El organismo sostiene que insistir en la validez de la norma derogada sería un "dispendio administrativo y jurisdiccional", ya que las empresas no cumplirían con una exigencia que ya ha sido declarada inválida por la Justicia.
Baja representación femenina en los directorios:

A pesar de la derogación del cupo femenino, la representación de las mujeres en los directorios de las empresas argentinas sigue siendo baja. Según un estudio de KPMG de 2023, solo el 17,5% de los miembros de los directorios de las 1000 empresas más grandes del país son mujeres.

¿Qué sigue?

La derogación del cupo femenino abre un debate sobre cómo aumentar la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo de las empresas. Algunos sectores sostienen que la paridad obligatoria es necesaria para alcanzar la igualdad de género, mientras que otros creen que se deben implementar medidas más flexibles que fomenten la meritocracia y la diversidad.

De esta forma, ninguna de las entidades que regula la Inspección General de Justicia se encuentra obligada ahora a implementar la paridad de género en sus órganos de administración