Un senador de LLA propuso la venta de niños para las familias que esten en un "estado de necesidad"

08 de julio de 2024 Por Diario Diez (L.V)
El senador riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, intentó que se exceptúen los casos en los que las familias estén cursando un "estado de necesidad".
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Juan Carlos Pagotto, Senador riojano, representante de La Libertad Avanza (LLA),

En medio del caso de Loan Peña, el niño de cinco años desaparecido en Corrientes, un senador oficialista propuso habilitar de forma legal la venta de niños y niñas "por necesidad". Se trata del riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza (LLA), quien realizó la sugerencia cuando se debatían modificaciones al Código Penal sobre sustracción y/o comercialización de menores de edad en el Congreso de la Nación.

La situación ocurrió el jueves pasado en la Cámara de Senadores, durante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales donde se requería la aprobación de diversos proyectos de ley y fue revelada por una agrupación que milita la adopción de niñas y niños. Las iniciativas ya se habían debatido el 4 de julio, sin embargo, cuando tocó el turno de Pagotto, que hacía de miembro informante, intentó agregar un cambio compulsivo de su autoría.

El proyecto de ley, presentado por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto, busca tipificar como delito la compra y venta de niños, niñas y adolescentes (llamativamente, no existe esa figura en el Código Penal). Había sido presentado originalmente en 2022, pero había perdido estado parlamentario.

Entre otros puntos, pretende cambiar el artículo 139 bis del Código Penal sobre la "venta y compra" de menores de edad, cuya pena mínima era de tres años.

El texto planteaba aumentar las penas, de "4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

 Además, incorpora en el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad". Siempre en el caso que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

 Asimismo, puntualiza que el funcionario público o profesional esté involucrado en este tipo de delito será penado con "prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena".

 En tanto, durante la sesión del pasado jueves, el proyecto resultó aprobado por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, una intervención maliciosa de Pagotto, quien preside la Comisión, generó un escandaloso malestar y repudio entre los senadores, que pidieron que el documento vuelva a ser revisado en comisión para deliberar con profundidad sobre el articulado.

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