Una grave denuncia sacude a la delegación del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) en el departamento de La Paz. Su titular fue formalmente imputada por el fiscal Héctor Gustavo Rosas, de la Unidad Fiscal Santa Rosa / La Paz, bajo la figura de peculado en concurso real, tras ser acusada de utilizar bienes y servicios estatales para fines personales.

La causa, caratulada como N° 32310/25, se inició semanas atrás a partir de una denuncia que apuntaba a irregularidades en el uso de un servicio tercerizado de transporte, contratado con fondos públicos, que habría sido utilizado por la funcionaria para asistir a otros lugares de trabajo, a su domicilio y para traslados ajenos a sus funciones oficiales.

La imputación se enmarca en el artículo 261 del Código Penal, que establece penas de entre dos y diez años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para aquel funcionario que "empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

La investigación avanza y no se descarta que surjan nuevos elementos. La Fiscalía ya solicitó informes de los GPS de todos los vehículos que prestaron servicio para el ETI en La Paz durante los años 2024 y 2025, además del detalle de los choferes y unidades afectadas. El objetivo es reconstruir los trayectos y establecer si efectivamente se incurrió en el uso indebido de los recursos del Estado.

Además, se investiga por qué la oficina del ETI en La Paz permaneció cerrada durante un tiempo prolongado, con la excusa de supuestos problemas en el servicio de agua potable. Se intenta determinar si fue una maniobra para evadir responsabilidades institucionales o una justificación válida.

El fiscal Rosas ya ha comenzado a tomar declaración a choferes y a distintos testigos, con especial preocupación por el impacto que estos hechos pueden tener sobre la población vulnerable que debe ser atendida por el organismo: niños, niñas, adolescentes y personas en situación de riesgo.

El hecho pone en jaque no solo a una funcionaria específica, sino también al compromiso ético y profesional que debe regir en áreas tan sensibles del Estado. La causa sigue abierta, y la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad y las eventuales sanciones. Mientras tanto, el silencio oficial se hace notar, y la comunidad paceña espera respuestas claras y contundentes.