La contienda electoral en la provincia de Mendoza, que determinará al candidato como sucesor del actual gobernador Rodolfo Suárez el próximo 24 de septiembre, se ha visto empañada por un turbio episodio judicial que involucra serias acusaciones de manipulación de la justicia y cooptación de organismos de control provinciales.

El frente Unión Mendocina, que postula al ex titular del PRO local, Omar de Marchi, como candidato, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción 39.

En la denuncia se señala al senador nacional y candidato a Gobernador por el frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, así como a los miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia: María José Hernández, Andrea Maturana y Marcelo D'Agostino, junto con el Director de la Dirección de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira. Todos ellos se enfrentan a la acusación por el delito de tráfico de influencias pasivas y agravadas.

Hace un mes estas acusaciones, que habían sido anticipadas por el diario Clarín, cuando eran meras solicitudes públicas y declaraciones mediáticas, llegaron esta semana a los tribunales. Se hicieron públicas una serie de audios que supuestamente revelan conversaciones y chats en los que los acusados ​​"acomodan a los aspirantes a magistrados y manipulan puntajes de acuerdo a favores e influencias". Algunos de estos audios han sido publicados por Clarín y parecen implicar a miembros del Colegio de Abogados y del Consejo de la Magistratura en estas prácticas.

Según la denuncia presentada por Unión Mendocina, "se ha tomado conocimiento del grave delito que se estaría consumando en el Consejo de la Magistratura de Mendoza, que es el cuerpo encargado de seleccionar jueces y fiscales, y que quedaría expuesto a la manipulación por parte del poder político que ha estado conquistado en Mendoza durante los últimos ocho años".

La denuncia también solicitó al gobernador Rodolfo Suárez que destituya al subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, y al director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira.

Además, las acusaciones no se limitan a los funcionarios mendocinos, ya que la agrupación encabezada por De Marchi también insta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, a que exija a Teresa Day, Presidenta del Consejo de la Magistratura, que informe en un plazo de 48 horas sobre las medidas tomadas frente a estos graves hechos.

Este escándalo judicial surge como consecuencia de otra denuncia penal previa presentada en agosto por el abogado Leonardo Pasccon, quien fuera miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza y de la Comisión Asesora y Evaluadora para aspirantes a la Justicia Penal del Consejo de la Magistratura. de Mendoza. Pasccon acusó a Sebastián Soneira y Andrea Maturana, Presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza, por coacciones y falsedad ideológica, alegando que sufrió presiones y amenazas mientras evaluaba a los aspirantes a la magistratura provincial.

En su denuncia, Pasccon detalló cómo ambas personas manipulaban el Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, así como presionaban a los miembros de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza. Además, sostuvo que el Dr. Sebastián Soneira actuaba como un operador judicial que buscaba congraciarse con el poder político para asegurar su nombramiento como Fiscal Civil y luego como Procurador Adjunto del Ministerio Público Fiscal.