En las últimas horas, ha surgido un inesperado giro en la polémica sobre la custodia de los exmandatarios en Argentina. A pesar de la promesa inicial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de derogar el decreto de Alberto Fernández que regula este tema, todo indica que la situación permanecerá sin cambios. La ministra, en una declaración reciente, atribuyó la controversia a una "confusión" y destacó que el decreto es una formalidad estructural que no afecta la situación específica de Fernández.

Según Bullrich, el decreto 735/23 suscrito por el expresidente Fernández antes de dejar el cargo simplemente establece la dependencia funcional del servicio de custodias de los expresidentes y vicepresidentes en la órbita de la Casa Militar y la Secretaría General, organismos que históricamente han desempeñado funciones de custodia para el presidente en ejercicio. La ministra explicó que la confusión surgió entre lo que se dijo y lo que realmente se publicó.

En una entrevista con Radio Mitre, Bullrich aclaró que, aunque no se derogará el decreto, si Fernández decide mudarse a España, se buscará algún tipo de convenio con la policía local para reducir costos. "Si te mudas al extranjero de forma permanente, tenemos que explorar algunas opciones", expresó la ministra, aunque hasta el momento, el expresidente ha descartado esa posibilidad.

Por su parte, Alberto Fernández defendió el decreto 735/23, explicando que solo establece la dependencia funcional del servicio de custodia y no modifica las disposiciones sobre custodia para exmandatarios. El expresidente también sugirió que la ministra de Seguridad y algunos de sus colaboradores están sospechados de haber ejercido persecución política en el pasado, lo que motivó la firma de este decreto.

La situación se complicó aún más con un cruce de declaraciones entre Patricia Bullrich y Alberto Fernández. El expresidente acusó a la ministra de difundir información errónea sobre la derogación del decreto y cuestionó la validez de la firma en el documento. Bullrich, por su parte, sostiene que la situación fue una confusión y niega cualquier intento de modificar la custodia de los exmandatarios.

En medio de este fuego cruzado, Alberto Fernández anunció la suspensión de su viaje al exterior, alegando que no quiere ser acusado de abusar de privilegios que nunca solicitó. Calificó la situación como el inicio de una "operación de prensa" acordada inicialmente con un medio y que luego fue replicada por otros.

La incertidumbre persiste sobre el futuro de la custodia de los exmandatarios en Argentina, mientras la disputa entre Patricia Bullrich y Alberto Fernández sigue generando controversia.