En medio de un contexto económico marcado por el ajuste y los recortes promovidos por el Gobierno nacional, los senadores de la Cámara alta se preparan para percibir un aumento significativo en sus dietas, que superarán los 9 millones de pesos brutos a partir del próximo mes.

El incremento responde al descongelamiento de sus haberes, medida que había sido suspendida hasta el 31 de marzo. Desde entonces, el valor del módulo —la unidad de cálculo que define los sueldos en el ámbito legislativo— fue actualizado dos veces, alcanzando los $2285. Aplicado a los 4000 módulos que componen la dieta de un senador con desarraigo, el monto final trepa a $9,1 millones brutos, con ingresos netos estimados entre $6,5 y $7 millones.

El salto salarial es considerable si se lo compara con los valores previos, que rondaban entre $5,4 y $5,8 millones en mano. Además, consolida una brecha del 60% con respecto a lo que cobrarán los diputados, cuyo haber bruto ronda los $5,7 millones.

La medida ha reavivado el debate sobre los privilegios de la clase política, especialmente en un momento en que el salario mínimo en Argentina es 23 veces menor y la jubilación mínima, incluso con bono, queda 18 veces por debajo de esta nueva dieta senatorial. Si bien en abril se había votado a mano alzada un esquema de aumentos que incluía una dieta decimotercera y nuevos módulos por representación y desarraigo, la reacción pública obligó a congelar los haberes hasta fin de año. Sin embargo, la prórroga fue levantada silenciosamente en marzo y el debate brilla por su ausencia en la agenda parlamentaria.

Desde el oficialismo admiten que el tema no fue tratado durante la última reunión de labor legislativa, en la que sí se decidió postergar proyectos de alto impacto como “Ficha Limpia” y el tratamiento de pliegos diplomáticos. Mientras tanto, algunos legisladores justifican los aumentos por el alto costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, otros los comparan con los sueldos del Poder Judicial o del sector privado.

La polémica está servida, y el reclamo ciudadano por mayor austeridad y responsabilidad institucional sigue sin encontrar eco en el recinto del Senado.