El ataque a la fiscal Claudia Ríos por parte de un condenado a prisión perpetua, que además estaba siendo juzgado por un intento de homicidio en Almafuerte, ha generado una ola de repercusiones en diferentes áreas del Servicio Penitenciario y de la Justicia.

Una de estas es el pase a disponibilidad de siete penitenciarios, que fueron los que tenían a su cargo el operativo de traslado de Hugo Eduardo Arredondo Suarez, el atacante de Ríos, desde el penal de Almafuerte hasta la sala de debates N° 15, del Polo Judicial, lugar en el que ocurrió el intento de asesinato de la funcionaria judicial.

Así lo confirmó Marcelo Puertas, el director de la Inspección General de Seguridad. El funcionario no descartó que puedan ser más los penitenciarios que estuvieron en contacto con el atacante durante este trayecto y tampoco que entre Arredondo y alguno de ellos haya habido connivencia.

Lo cierto es que el condenado debió pasar tres requisas antes de llegar a la sala de debates y evidentemente, hubo fallas para que no se detectara el arma blanca de fabricación casera (conocida como chuza) con la que el preso intentó apuñalar a Ríos.

Cómo se investigará a los penitenciarios
Puertas explicó que la investigación es la misma que se realiza en el caso de los policías sindicados por alguna falta.

En primer lugar, se pasa a disposición de sumario a los penitenciarios y se reúne la prueba que los implica en el proceso que está siendo investigado. En este caso, los penitenciarios que están a cargo de cada requisa deben dejar constancia de esto en una planilla, que además, tienen que firmar. Así es que no existe la posibilidad de equivocación al respecto de quién fue la persona que estaba a cargo de revisar al atacante.

Luego se realiza la indagatoria, en la cual los acusados pueden o no declarar y tienen derecho a un abogado defensor. Allí presentan las pruebas que consideren pertinentes.

Por último se determina si corresponde o no sanción, y en el caso de corresponder, qué tipo de sanción sería.

Si no corresponde ninguna sanción, se procede al sobreseimiento.

Cuánto demora el proceso y qué pasa con los penitenciarios en ese trayecto
Según Puertas, el proceso desde que comienza la investigación hasta que se toma una decisión, demora no más de 6 meses, dependiendo de la estrategia de la defensa.

En principio los penitenciarios quedan apartados de sus cargos por 15 días, medida que se puede extender hasta 60 días.

En este tiempo, cobran un poco menos de la mitad de sus salarios.

Si pasados los 60 días no se ha resuelto la situación, deben ser reincorporados a su trabajo, pero cumplirán funciones en un área diferente a la que tenían antes de la investigación.

En cuanto a los motivos por los que falló el accionar de los penitenciarios a cargo de trasladar a Arredondo, Puertas sostuvo que puede ser por una culpa muy grave, o bien, pudo haber algún acuerdo pactado con el preso.

"No descartamos ninguna posibilidad", aseguró. Fuente: Diario UNO